Políticas Focalizadas en la Provincia de San Luis: El Plan Educativo 20/30.

20/30 Plan and the provincial response to compulsory secondary education.


Leyba, Alicia; Benítez, Carina; Herrera, Ana (carina.benitez@gmail.com)
Facultad de Ciencias Humanas. Universidad nacional de San Luis. San Luis. Argentina

Resumen

     En este estudio se analiza el Plan Educativo Provincial "20/30" y su vinculación con las políticas focalizadas de contención social. Este surge en San Luis y está destinado a los sujetos de entre 20 y 30 años que no han cumplido con la obligatoriedad del secundario, por medio de este plan se ofrece desde el estado provincial la posibilidad de acceder al nivel medio con la modalidad virtual y un incentivo económico traducido en una beca mensual para cada beneficiario.

     En el informe se presenta el análisis del contexto de surgimiento de esta política educativa basada en las políticas sociales de corte asistencialista, y de la normativa que regula la creación del Sistema de Escuela Pública Digital, como marco legal del Plan Educativo Provincial 20/30.

     Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación PROIPRO Nº 4-2214, en el cual se propone analizar la relación Sociedad, Estado y Educación, a partir del año 2003 en la Provincia de San Luis, en el contexto de lo que se han dado en llamar las reformas del Estado de segunda generación y su comparación con las políticas hegemónicas de la década de los 90.

     Se optó por un abordaje teórico metodológico cualitativo para la investigación de una de las políticas educativas puestas en marcha en la última década en la provincia de San Luis. Cabe destacar que este estudio constituye una primera etapa del análisis de documentos oficiales.

Palabras claves: política focalizada - obligatoriedad -educación digital.


Abstract

In this paper, the "20/30" Provincial Educational Plan and its link to focused policies of social containment are analyzed. This plan arises in San Luis and it is directed towards people aged 20 to 30, who have failed to complete the mandatory secondary school. Through this plan, the provincial government offers the possibility to complete the secondary school in a virtual mode while receiving an economic incentive in the form of a monthly grant for each beneficiary.

This article presents the analysis of the context which has given rise to this educational policy based on social welfare policies, and the legal standards behind the Digital Public School System, as a legal framework for the 20/30 Provincial Educational Plan.

This work is part of the research project PROIPRO Nº 4-2214, which proposes to analyze the relationship between society, State and education, since the year 2003 in San Luis Province, within the framework of what has been called "the State Reform, second generation" and its comparison with the hegemonic policies of the '90s.

Qualitative theoretical methodological approach has been chosen with the aim of deepening into the educational policies implemented in the past decade in San Luis province. The current study constitutes the first stage of the research, based on the analysis of official documents. 

Key words: focused policy - compulsory education - digital education


Contexto de Surgimiento del Plan educativo Provincial "20/30"

El Plan que analizamos surge en el marco de la actual crisis económica, caracterizada por la  inflación, el desempleo, la pobreza, entre otras.  Éstas, según Gambina (2013), constituyen las consecuencias de una etapa del proceso económico. El capitalismo necesita de esta fase, para elaborar estrategias que le permitan su superación y la perpetuación de la dominación. Estamos hablando de crisis en el sistema capitalista, entendida como la dificultad en el proceso de valorización del capital. La crisis obstaculiza el desarrollo de la sucesión "producción de ganancias = acumulación de capitales = dominación de la sociedad capitalista.

La crisis actual, que para algunos autores es continuación de la crisis capitalista mundial de los años setenta,  amenaza seriamente las economías locales y la vida humana. Es necesario hablar de la crisis alimentaria y del hambre como su consecuencia directa, que afecta a los países dependientes de las importaciones, entre los que se encuentran los países del denominado "cuerno de África", entre otros. El cálculo realizado por la FAO  (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) del número de personas hambrientas para 2010 permanece en 925 millones.  En este sentido, coincidimos con Gambina (2013) en que existe una enorme contradicción entre la capacidad productiva de la innovación aplicada al campo y la real satisfacción de las crecientes necesidades de la población: "La crisis de alimentos afecta a la gran masa empobrecida de nuestro tiempo".

La superación de la crisis constriñe la elaboración de políticas anti crisis, entendiendo que el capitalismo no caerá solo. Nos encontramos en presencia de  cónclaves internacionales, como es el caso del G 20, que se organizan para apuntalar las tasas de ganancias que permitirán la restitución del propio sistema. Es así, como las soluciones a la crisis apuntan a la mayor liberalización de la economía y mayor ajuste. En otro sentido, se caen  los discursos que se pronuncian como defensores de la participación del Estado en economía, porque se vuelve evidente la relación del Estado al servicio del Mercado. Las consecuencias de las políticas estatales de salvataje del capitalismo, se traduce en más hambre, miseria y desigualdad social. Coincidimos con Gambina (2013) en que para los Estados capitalistas, salir de la crisis significa salvar al capital, obviando en el análisis la continuación de la problemática social, que se vincula con la marginación, la desocupación y el hambre. Para atender a estas problemáticas los estados ponen en marcha propuestas de focalización en detrimento de las políticas universales, ya que estas últimas constituyen un desajuste para el capital. Nos detendremos a revisar cuales han sido las políticas de focalización y políticas selectivas que se han venido desarrollando, sobre todo en nuestro país.

Según Dagmar Raczynski (1995), la hipótesis de la focalización afirma que si el gasto social se concentra únicamente en los sectores pobres, se ahorran los recursos que de otro modo son captados por sectores con capacidad de pago, que no requieren del apoyo estatal. Esto, aún en un contexto de reducción global de recursos, permite destinar más recursos a los sectores efectivamente pobres. La hipótesis apunta al desarrollo de la "equidad social", desde esta perspectiva se va en contra de las políticas universales. Entendemos que esta hipótesis, le resulta útil a los Estados capitalistas, porque no pone en riesgo el orden del capital, y permite dar respuesta "parcial" a la problemática social que trae aparejada la crisis en el capitalismo.

Cuando hablamos de políticas universales, nos referimos a políticas destinadas a todos los habitantes, sin importar sus características personales, económicas y sociales. Algunos ejemplos son los subsidios a los precios de algunos bienes básicos de consumo masivo, campañas de vacunación ante una epidemia, políticas generales de protección del medio ambiente, programas de educación en salud, entre otros. Si bien representan políticas dirigidas a toda la población, con frecuencia se diseñan bajo la hipótesis de que beneficiarán, preferentemente a la población más pobre. Ello ocurría por ejemplo, con las políticas de subsidio a los precios de algunos bienes de consumo básico.

Las políticas selectivas, son las que se formulan pensando en un grupo destinatario específico (segmento poblacional, actividad, organización o localidad geográfica). En un nivel genérico, se diferencian dos criterios para definir dichos grupos destinatarios: "categorial" y "de pobreza". Según el primero, el grupo destinatario se delimita según alguna vulnerabilidad específica asociada a una situación socio demográfico, de ciclo vital o de inserción productiva. En el segundo se delimita el grupo destinatario según una variable que refleja riesgo social, como el nivel de ingreso del hogar, bajo nivel de aprendizaje escolar o precariedad de la situación habitacional. Por último al referirnos a políticas focalizadas entendemos que son aquellas que se proponen beneficiar únicamente a sectores poblacionales que se hallan por debajo de cierto umbral de pobreza o riesgo social.

En el Plan Educativo Provincial 20/30, destinado a jóvenes que no han finalizado la educación secundaria, consideramos que se entrecruzan tanto el criterio categorial como el de pobreza.  Entendemos que esta es una política selectiva focalizada porque se destina a una franja específica de la población que no ha alcanzado el nivel de secundario  y porque los mismos provienen de los sectores más empobrecidos que se ven beneficiados con la beca de ayuda económica.

La implementación de Políticas Sociales en el marco de la crisis capitalista

Como antecedente del plan que nos ocupa, realizaremos una reseña de las políticas sociales y de su implementación en Argentina a partir de la década de los 90. Según Cruces, Epala y Guardia (2008), Argentina en las últimas décadas ha sido una precursora de estas políticas, durante las dos administraciones de Carlos Menem (1989-95 y 1995-99), y en el marco de un amplio proceso de reformas estructurales en la economía, se promueve una reorientación del gasto social, de modo que atienda al progresivo empobrecimiento de la población, priorizando acciones básicas de salud, nutrición y programas de carácter productivo, por sobre políticas de carácter más universal. En esos años surgen una multiplicidad de planes sociales, nacionales focalizados, entre ellos el Programa Materno Infantil y el Federal de Solidaridad en la órbita del Ministerio de Salud; el Plan Social Educativo, dependiente del Ministerio de  Educación y el Programa de reconversión productiva, financiado por el BID.

En 1991 se aprueba la Ley Nacional de Empleo (Ley 24.013), que entre otras medidas introduce el seguro por desempleo e instaura el Fondo Nacional de Empleo (FNE). A partir del FNE se articula la primera generación de programas de transferencias condicionadas. Estos programas mantuvieron una importante conexión con el empleo, dado que la transferencia monetaria mensual estaba atada a una contraprestación laboral.

El Plan Trabajar se inicia en 1996 como un programa de empleo transitorio implementado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS). Este plan otorgaba un beneficio de dinero mensual no remunerativo, cobertura de salud y seguro por accidente a aquellas personas en situación de desempleo y de pobreza, a cambio de la realización de una contraprestación laboral -en general, una ocupación transitoria desarrollando servicios comunitarios. Sin lugar a dudas, el Plan trabajar se destaca entre todos estos planes, tanto por su importancia en término de cobertura, duración y recursos como por la impronta que tuvo sobre el Plan jefas y jefes de hogar desocupados (PJJHD)

En el corto mandato de Fernando de la Rúa (1999-2001), el gobierno nacional no modifica sustancialmente el enfoque en materia de política social y lucha contra la pobreza. No obstante, cabe destacar que durante dicho gobierno se ponen en marcha nuevos programas de empleo y transferencia de ingresos. Entre estos, el Programa de emergencia laboral, con una ayuda económica de carácter no remunerativo que oscilaba entre ARS $160 y $200, para apoyar consorcios productivos locales e iniciativas de autoempleo productivo (Golbert, 2004).

Bajo la presidencia provisoria del senador Eduardo Duhalde y en el marco de la declarada emergencia pública en materia social, sanitaria, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Por  la magnitud de la crisis económica y de los altísimos niveles de conflictividad social, se anuncia la creación del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) compuesto por cinco ministerios, e incrementa en forma significativa las partidas destinadas a combatir la pobreza. El CNCPS impulsa un conjunto de programas sociales de emergencia, entre los que destacan el Programa de Emergencia Alimentaria, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social; el Programa Becas de Retención escolar, dependiente del Ministerio de Educación; el Programa Remediar, dependiente del Ministerio de Salud, y el Programa Jefas y Jefes de Hogar desocupados, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,  Programas de transferencia de ingresos, puesto en marcha por este gobierno, como respuesta a la crisis de 2001-2002

Sin dudas, el PJJHD ha sido el más significativo de estos programas en términos del volumen de recursos y de la extensión de perceptores asistidos. En 2003, este programa alcanzó a cubrir cerca de dos millones de hogares, equivalente al 20% de los existentes en el país. Durante la presidencia de Kirchner, los planes sociales seguirán siendo el principal programa del gobierno para contener el descontento social. Los planes "Trabajar" no tuvieron como meta resolver los problemas de hambre y desempleo, sino acallar a las grandes masas de desocupados y rearmar un Estado que había perdido credibilidad.

Simultáneamente, se implementaron programas sociales provinciales de transferencias de ingresos con una importante cobertura de beneficiarios. Entre 2002 y 2006 los gobiernos provinciales, en forma complementaria a los nacionales,  como respuesta a la crisis de 2001-2002, ponen en marcha distintos programas financiados con recursos propios. Los programas Barrios bonaerenses y Trabajo por San Luis,  son los  más importantes en términos de cantidad de beneficiarios y de recursos.
San Luis: la misma crisis, el mismo país

El Plan de Inclusión Social "Trabajo por San Luis" se crea en mayo de 2003, durante la gobernación de Alberto Rodríguez Saá, se implementa mediante la Ley Provincial N° 5373. Está dirigido a todos los habitantes de la provincia desocupados mayores de 18 años, especialmente a madres solteras, jefas de hogar y personas con capacidades diferentes. Si bien, el subsidio que el plan otorga comenzó siendo de un equivalente a $300 mensuales, pagados con "cheques de inclusión". Estos cheques son denominados una "cuasi moneda",  que puede ser canjeados en comercios adheridos al sistema de toda la provincia.  En forma complementaria, el programa otorga una cobertura de salud de la obra social del estado provincial y seguro de riesgo de trabajo. La contraprestación laboral corresponde a una jornada de ocho horas diarias a realizarse en cinco días semanales (con un régimen especial para personas que demuestren ser discapacitadas). Cabe destacar que Trabajo por San Luis es el único programa de empleo provincial que supera en cantidad de beneficiarios dentro de su jurisdicción a los del PJJHD. En 2006, la cantidad de beneficiarios promedio fue de más de 44 mil frente a 13 mil del PJJHD (DAGPyPS, 2007).    Durante el año 2.003 fueron 45.000, las  personas alcanzadas por el Plan de Inclusión Social, reduciéndose a 31.500 a fines del año 2008.  En la actualidad el número se redujo a 14.076, pues muchos de los que pertenecían al Plan de Inclusión prefirieron la Asignación Universal por Hijo, pues implica un aumento en el ingreso.
  
En la etapa de implementación de estos planes, el país se encontraba bajo los efectos de la crisis del 2001 y 2002, y la provincia según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) en el mes octubre registraba para San Luis una tasa de desempleo del 18,3 % y una tasa de subocupación del 16,3%. Los índices mencionados conducen a preguntarse sobre las consecuencias sociales que generaron las políticas  económicas Neoliberales  aplicadas durante varias décadas en la provincia, que se contraponen a la imagen  de provincia bien administrada, con  obra pública que modernizó caminos, construyó diques y pobló el paisaje con grandes edificios y que se dio a conocer a nivel nacional como "El Otro País".

Las Políticas Educativas y la obligatoriedad del Nivel Secundario

Como mencionábamos antes, todas estas medidas focalizadas y selectivas van destinadas a poner un manto para apaciguar el descontento social y con ello se pierden las acciones verdaderamente universales destinadas al conjunto de la población. En educación esto es cada vez más claro, el derecho a la educación está condicionado por el nivel económico y los sectores empobrecidos  lo tienen casi  negado. Ante esta realidad, los estados capitalistas  se ven movidos por intereses comerciales y financieros a mantener cifras estadísticas satisfactorias, para rendir cuenta a los organismos internacionales que les permitan adquirir nuevos créditos. Con esta intención, se ponen en marcha programas educativos  acotados y precarios, destinados a las franjas de la población más vulnerable. En Argentina las reformas educativas de las últimas décadas son ejemplo claro de esto. La Ley Federal de Educación dejó a gran parte de la población privada del derecho a la educación y las políticas educativas posteriores intentaron poner "parches" que no resolvieron el conflicto provocado por la creciente desigualdad en el derecho a la educación. Lo que Vior (2008), llama "reforma de la reforma", que apareció con un reordenamiento legal necesario para la definición de nuevos programas y la gestión de nuevos créditos.

El avance de la ofensiva neoliberal sobre la educación pública, en términos de despojar a la misma de la calidad y la excelencia que requiere para hacer frente a procesos transformadores y revolucionarios, se pone de manifiesto en la Ley de Educación Nacional. La Ley 26.206, fue sancionada en el año 2006,  y no constituye un cambio sustancial con la anterior Ley Federal de Educación. Entre algunas de las modificaciones que plantea, encontramos la introducción de la obligatoriedad del nivel secundario, que es  presentada como una tendencia "inclusiva". Esta disposición a la "inclusión", supone el desafío de poner en marcha nuevas formas de acceso, permanencia y terminación de estudios para los sectores populares excluidos del derecho a la educación. Para llevar adelante esta tarea, se recurre a lo que establece la mencionada Ley en su Artículo 138°:

"diseñará programas a término destinados a garantizar la erradicación del analfabetismo y el cumplimiento de la educación obligatoria […] para la población mayor de 18 años que no la haya alcanzado […] que asegure la calidad educativa así como la permanencia y egreso de las/los participantes".

Surgen  proyectos nacionales como: el Plan FinES, Encuentro, Volver a la Escuela, que apuntan a mejorar las cifras estadísticas con respecto  en los altos índices de deserción alcanzados.  Pero la propuesta de "blanqueamiento de cifras" no va acompañada de un mejoramiento de la educación, sino que constituye un instrumento para cumplimentar el requisito de la obligatoriedad en un corto plazo. 
En el caso de San Luis, la situación no es tan distinta, según datos del informe de UNICEF, del año 2010. Del total de la población que asiste a la escuela entre 15 y 17 años, 1 de cada 5 adolescentes no asiste a la escuela, es decir el 19.5%., lo que indica que un importante número de sujetos al 2014 no ha finalizado la educación obligatoria. En una población entre 15 a 24 años, 1 de cada 3 adolescentes y jóvenes había terminado la secundaria (30,1%), del resto de la población de este tramo de edad, el 37% aún asiste a la escuela y el 32,7% permanece fuera del Sistema Educativo sin acceder al título secundario.

Ante esta situación surge en la provincia de San Luis el Plan 20/30, en el cual se inscriben en abril del 2013, más de 12.000 jóvenes. El objetivo  de este Plan, creado en el ámbito del Sistema Educativo Provincial, es la terminalidad de los estudios secundarios de los jóvenes entre 20 y 30 años de edad. En concordancia con los otros planes a nivel nacional,  el 20/30,  constituye una alternativa de estudios a corto plazo, donde el principal objetivo es el resultado final, que es la obtención del título secundario  y su consecuencia la inserción laboral.
    
El Plan 20/30 se enmarca en la normativa provincial que corresponde a la Ley N° II - 0738 - 2010, "Escuela Pública Digital". El sistema público digital es un sistema paralelo creado en el año 2010 en la Provincia de San Luis  cuyo eje central es el uso de la tecnología de la información y comunicación para la construcción del aprendizaje. El mismo reduce la tarea docente a la figura de un tutor virtual y de un facilitador que es el mediador entre la tecnología y el alumno, estableciendo en el Artículo 1:
"Se considerará Escuela Pública Digital (EPD), al sistema pedagógico, educativo,  que tenga como fin la excelencia educativa y que utilice como herramienta principal las tecnologías de la información y de la comunicación para la construcción del aprendizaje. Este sistema pedagógico tendrá como objetivo beneficiar a la sociedad en la incorporación y generación de conocimientos, como así también el desarrollo de actitudes que aporten a la creatividad, productividad y libertad de pensamiento, tendiente a lograr una continua evolución en el contexto actual de la Sociedad del Conocimiento".

Se introduce tanto en los fundamentos como en el citado artículo, la necesidad de incluir a la población a la sociedad del conocimiento. De esta manera el gobierno de la provincia se propone hacer frente a la problemática de la exclusión social incorporando las TICs a la enseñanza pública. Es necesario remarcar que aunque se pronuncie pública, en su articulado introduce la posibilidad de que otros organismos públicos (provinciales  o municipales)  o privados (fundaciones, asociaciones civiles) puedan implementar este sistema de escuelas digitales, dando lugar a la privatización de la educación.

Promueve la participación del sector privado alentando a que otros organismos no gubernamentales que cumplan con la normativa puedan llevar adelante escuelas digitales (Art. 7).  La privatización está  directamente relacionada  con los principios del neoliberalismo en relación a la reducción del gasto público, en este caso es fundamentalmente el fomento indirecto del sector privado. Este  elemento está presente en distintas políticas elaboradas e implementadas por el gobierno provincial en los últimos tiempos: Escuelas Autogestionadas, Desconcentradas, Estampillas Escolares, Beca Puntana al Mérito, entre tantas otras. 

En el caso de la EPD, estamos ante la presencia de políticas educativas que se valen de los recursos tecnológicos, como la única forma de resolver los problemas del acceso y la permanencia al sistema educativo. El  software educativo elaborado por "expertos" de la ULP (Universidad de La Punta),  se presentan en la plataforma virtual de contenidos del Plan 20/30  y en algunos casos son compartidas con los de la EPD. Las actividades de los módulos, las autoevaluaciones, los simuladores  y las evaluaciones finales son confeccionadas en base a: respuestas de múltiple opción, completar oraciones, colocar V o F. Estas  se desarrollan con un sistema modular, al estilo de los sets de materiales que se utilizan en escuelas elementales estadounidenses como los Module One of Science: "A Process Aproach".   Los módulos de la EPD,  guardan semejanzas con  estos materiales porque incluyen: objetivos prefijados, contenido curricular, actividades pre - especificadas para el docente, lo que coloca al educador en un papel de ejecutor de lo que ya ha sido diseñado por otros y al proceso de enseñanza como una actividad  a-histórica y descontextualizada. Siguiendo a Apple, consideramos que estos procesos constituyen nuevas formas de control técnico,  que no se limita solo a las fábricas o empresas sino que se introducen también en las instituciones educativas.  Además esta progresiva división y control del trabajo, en este caso entre Facilitadores, Tutores Virtuales y Expertos, también influye a nivel de las relaciones sociales y en los modos de interacción "virtual" entre ellos, y con los alumnos. Estas relaciones se complejizan aún más con la precarización laboral que viven estos trabajadores contratados a término y supeditados a un poder central que regula sus tareas. La reducción del gasto público, aparece nuevamente en la designación del personal, porque al tratarse de un contenido virtual, son escasos tutores para numerosos grupos de estudiantes.

¿Por qué decimos educación de segunda para pobres?

     Mientras que para el cumplimiento de la Educación Secundaria Obligatoria "para todos", se prevé entre cinco y seis años, ofreciendo distintas modalidades y orientaciones, y la aspiración de garantizar un ciclo lectivo de 190 días; para otros sectores el tiempo y los conocimientos se reducen, como lo demuestra el Plan al que hacemos referencia, que propone, para aprobar el nivel secundario, los modos que se detallan a continuación:     

- Cursar durante 12 horas semanales, de manera semi presencial
- Los alumnos asisten a las sedes equipadas y con conectividad  desde las cuales acceden a las  plataformas de contenidos
- Para quien no ha cursado ningún año del secundario se prevé un plan de estudios con una  duración  de dos años y medio.
- Los alumnos aprueban cada módulo con una evaluación final de múltiple opción, es el único requisito para la aprobación.
  
  Estamos en presencia de un escenario educativo que fomenta el desarrollo individual sustentado en el dominio tecnológico, donde se resta la importancia a la construcción de conocimientos de manera integral y profunda. Con estas políticas no sólo se intenta reducir el nivel de conocimientos de los sectores involucrados sino que también se refuerzan valores individuales ligados al sujeto individual.  "Vivimos en el tiempo tecnológico, en el tiempo de la información y la eficiencia. Es el tiempo del "ahora", del sujeto individual y  productivo. Es el tiempo de la imagen y de la debilidad de los ideales colectivos. Es el tiempo del mercado y de la libertad de elección" (Duschatzky, 1994).
Según los fundamentos que se exponen en el decreto 1723-ME 2013 de creación del plan, se retoman las recomendaciones de organismos internacionales sobre la importancia de invertir en educación.  En el mismo se expone:

"Que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo, 2012, expresó que una medida inteligente, que pueden adoptar los países que tratan de impulsar un desarrollo económico, es invertir en la adquisición de competencias por parte de los jóvenes, estimándose que cada dólar gastado en la educación de una persona rinde entre (10) y (15) dólares, en términos de crecimiento económico a lo largo de toda la vida laboral de dicha persona." 

     El discurso de los sectores gubernamentales intenta dejar claro, que la educación debe orientarse hacia la formación de capital humano, que la educación es rentable si se forma para la competencia y la ganancia. El gran interrogante es, cuál es la "salida laboral individual" que la provincia ofrecerá para los egresados del plan 20/30. O será según Hayek, el mercado quien constituya un "mecanismo de ordenación", que a través de ciertas señales induzca a los hombres a adaptarse a hechos que ellos no conocen. 
 
   Teniendo en cuenta estudios referidos al trabajo en San Luis en el año 2002, la investigación muestra que la provincia San Luis cambió su estructura productiva a partir de los planes nacionales de promoción industrial en la década de los ´80, pero actualmente con la reducción de estos beneficios, el sector productivo provincial no ha podido absorber la fuerza expulsada por la industria. El sector público aparece como "compensador" porque allí se incluye a los beneficiarios de los planes sociales. La promesa del ascenso social y la posibilidad de crecimiento económico, a partir de la educación que quieren mostrar los gobernantes, se diluye ante esta realidad.
    En definitiva, el Estado se desresponsabiliza, ante toda la población de su rol como garante del derecho a la Educación, y lo hace destinando migajas a aquellos "que vaya a saber por qué razones", no han culminado sus estudios, alegando motivos personales, a lo que no ha sido más, que la ausencia del Estado.
  
  La mercantilización de la educación se pone de manifiesto una vez más en las políticas educativas provinciales, porque esta vez se presenta como beca de incentivo económico de 800 (pesos) mensuales, para la finalización de los estudios secundarios. También exige de algunos requisitos para su obtención, como la asistencia y aprobación de los módulos. La "necesidad tiene cara de hereje", y la beca de estímulo muchas veces se convierte en la única razón del esfuerzo. La educación en este sentido, se modifica en  un valor de cambio que prevalece al valor de uso, idea que  Marx definió como fetichismo. El conocimiento aparece como una mercancía para intercambiar y obtener ganancias.
  
  Todas estas formas que adquiere el "servicio educativo", basados en la competencia, la flexibilización laboral, la libre elección del individuo, entre otras, son las que se privilegian desde un Estado "no responsable" de la educación y que por lo tanto, se somete al mercado.
     El desafío como educadores consiste en develar los intereses de las clases opresoras, que se presentan como "comunes a todos", para trabajar colectivamente en la construcción de un nuevo mundo, un mundo más justo e igualitario.


BIBLIOGRAFÍA:

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DECRETO N° 1723-ME 2013 Plan 20/30. Ministerio de Educación de la Provincia de San Luis.

Duschatzky, S. (1994). El Instrumentalismo y el Pragmatismo Critico: Dos opciones para pensar la Educación. Buenos Aires: FLACSO.

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